Los pueblos indígenas del Tolima en defensa de la raza y el territorio

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El panorama de los pueblos indígenas en Colombia no es el mejor posible, han padecido de forma rotunda cada una de las problemáticas de la nación: la lucha por el poder político, la imposición de un proyecto colonialista, la segregación social por parte de las élites y si fuera poco la negación de su identidad como actores sociales.

La histórica disputa por ser reconocidos como sujetos al interior de las instituciones coloniales, generó todo un proceso de desplazamiento y negación en cada una de sus comunidades. Así pues, en los últimos años se ha venido presenciando una lógica política donde el Estado auspicia un conjunto de prácticas, acciones y estrategias que van en contravía de la armonía en los territorios donde habitan los pueblos indígenas. Una muestra rotunda es el fenómeno de acumulación de la tierra, las maniobras para desintegrar los resguardos y en mayor medida el discurso de estigmatización contra los líderes, colectivos y organizaciones en defensa de la “causa indígena” que existen en el territorio nacional.

En efecto, podríamos recapitular los distintos acontecimientos transcurridos a lo largo de la historia contra las comunidades donde se demuestra el grado de exclusión política que ha debido experimentar en la construcción de un Estado moderno – colonialista, que pasa por encima de la consigna de la autonomía, el gobierno y soberanía un legado cada vez más presente el ideario del movimiento indígena colombiano.

Tal como lo podemos recapitular en los distintos hechos ocurridos en el país, en particular la fuerte movilización que realizaron los indígenas del Cauca exigiendo de forma pacífica, pedagógica y comunitaria la no – militarización, persecución y estigmatización contra los líderes y grupos de base que integran los distintos resguardos. A su vez, la demanda de mayores garantías en su ejercicio de autonomía – territorial en función de armonizar y constituir tejidos comunitarios que logren ser la base de una paz en defensa de la dignidad y la justicia social.

La necesidad de encontrar un debate de cara a las necesidades latentes de los pueblos, fue una de las grandes demandas que alimentaba el seno del movimiento indígena del Cauca, aquí la diatriba era algo especial contra la política de Estado ejercida por el gobierno de Álvaro Uribe I- II, en concreto un conjunto de elementos que eran congruentes con la “seguridad democrática”: la creación de una figura donde el indígena era sinónimo de guerrillero al ser parte de   las comunidades que supuestamente atentan contra el bien público en su lucha por el  reconocimiento de resguardos, al interpretarse  como un ataque  contra la propiedad privada de la tierra y el fortalecimiento de la cultura latifundistas. Una especie de recetario que se intensificó con la violencia política y el ejercicio exacerbado de la fuerza pública. Véase:

De esta manera, la noción de despolitizar la lucha indígena también se enfrenta a la lógica politiquera y corrupta en donde las juntas de acción comunal son una estrategia del gobierno central para desterritorializar las comunidades, es decir, una forma de construir cabildos – urbanos dejando a un lado la noción originaria de que el sujeto- indígena nació, se constituyó y tiene un lazo ancestral, cultural y político con la tierra.

La tierra de Macondo le pasa cómo la famosa experiencia de la hojarasca, hasta cuando no caiga la primera hoja al suelo nunca se sabrá para dónde va el agua que lleva al molino. No es para más cuando precisamos un proceso de paz que lentamente incorpora actores, dejando a un lado el centro de lo indígena debido a que existe una justicia, educación, salud, religión, cultura y forma de organización autónoma por parte de los pueblos en cada una de sus comunidades.  Por ello, sería una contradicción pensar una pedagogía de la paz sin tener en cuenta la agenda política de las organizaciones indígenas en el país, resultaría ser un desconocimiento – estructural en función de fortalecer el momento trascendental de lo que significa el posacuerdo.

En efecto, el pasado 9 de agosto fue una fecha de gran importancia en el escenario internacional y nacional, las distintas organizaciones sociales, colectivos y comunidades indígenas, no indígenas, mestizas y sociedad civil entre otras, se manifestaron para exigirle al gobierno del presidente Santos el pago de una deuda histórica, aquella caracterizada por incursionar en un espacio democrático, alternativo y comunitario que siempre ha estado vigente en las venas del movimiento indígena colombiano.

La razón más sublime de esta fecha consiste en hacer una crítica a la visión colonialista de la civilización eurocentrada, y dar una apertura a otras formas de concebir la raza, la religión, la cosmovisión enfocadas en el reconocimiento del “otro” como un sujeto valido en lo comunal y los espacios comunitarios donde el ser Indigena ha estado siempre presente. Una visión que tiene como fin hacer un peso a la lógica mercantilista y fetichista de las élites criollas de la nación, y a ese tipo de imaginario que intenta mostrar a los indígenas como salvajes, violentos y no civilizados, sencillamente una invención de las élites y los grupos hegemónicos del país.

Es el momento para resignificar la lucha simbólica y la praxis de indígenas como Manuel Quintín Lame, Juan Tama, Álvaro Ulcué Chocué, las mujeres Lamistas entre otros. Un punto de enunciación para seguir construyendo un espacio donde exista una apertura a las necesidades reales de las comunidades, para así ofrecer espacios donde el ser indígena logré superar la violación de los derechos humanos, la negación de espacios comunitarios, la problemática de la titulación de las tierras y la burocratización de las organizaciones que intenta personalizar la causa indigenista para intereses privados al servicio del gran capital.

De esta forma, sería justo pensar y reflexionar ¿cuál es la deuda histórica de la sociedad con los indígenas?, ¿en qué han fallado las instituciones? Y ¿hasta dónde seguirá presente la exclusión, la discriminación y la persecución contra los pueblos indígenas? En el Tolima, la realidad toma mayor sentido el heroico y luchador Pueblo Pijao que perdió su lengua por completo, padecido la imposición de un proyecto colonial por parte de las élites locales y si fuera poco estuvo sometido  a los interés colonialistas de la corona que violento su cultura, raza, religión, resguardos y formas comunitarias que simbolizaba el ethos de lo indígena en la región.

En últimas, el llamado que realizan las comunidades indígenas del Sur del Tolima (pueblo Pijao), y en especial las de Chaparral que declaran lo siguiente: “En lo que concierne al municipio de Chaparral, Tolima, somos 11 comunidades indígenas pertenecientes a la etnia PIJAO como son: SEBORUCOS, AGUAS CLARAS, COMUNIDAD INDÍGENA YAGUARA ETNIA PIJAO, IVANASKA LEMAYA DE CALARMA, MATORA DE MAITO, CIMARRONA ALTA, LOCOMBOO, RIO NEGRO HERMOSAS, AMOYÁ LA VIRGINIA, EL ESCOBAL y CAÑON DE AMOYÁ; las cuales están dentro de los pueblos que se encuentran en peligro de exterminio físico y cultural como lo reconoce la propia Corte Constitucional mediante la sentencia T-025 de 2004 y el Auto 004 de 2009, a través del cual ordenó al Gobierno Nacional la construcción de Planes de Salvaguarda para evitar su desaparición”.  Igualmente, la importancia de la “causa indígena” como un momento histórico para empoderar las comunidades que habitan en esta zona, una oportunidad para que los grupos hegemónicos conozcan las dinámicas de los de abajo, su forma de pensar, sentir y actuar en particular las reivindicaciones que se constituyen desde adentro por incursionar en un territorio donde el servicio, la unidad, la cultura y la paz son la base del buen vivir que tanto han soñado los pueblos indígenas pero con el paso del tiempo resistente a la lógica de explotación por parte del mismo Estado.